La RSE y las políticas públicas

En los últimos tiempos, las expectativas de la sociedad respecto a la empresa se han extendido. El impacto de las decisiones de una empresa no se ciñe solo a lo económico (generación de bienes y prestación de servicios), sino que se amplía a una función social como la satisfacción de las necesidades generales de las personas de manera responsable, mancomunada y equitativa.

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El papel de las empresas no se trata solo de una iniciativa privada que realice una correcta actividad empresarial tradicional, como es la generación de trabajo, riqueza para la sociedad e informes de gestión para los accionistas o socios, sino que también imparten positivamente en el desarrollo social de la comunidad en la que reside, ya sea a nivel local, nacional o mundial, atendiendo preferentemente a los sectores más desfavorecidos o necesitados.

Por otro lado, el debate de la responsabilidad social empresarial (RSE) se ha extendido al ámbito de la empresa de las políticas públicas, en especial a la función que han generado los poderes públicos para su promoción.
Gran parte de los gobiernos de las economías más avanzadas han implementado políticas formales de difusión de la cultura corporativa de la RSE, comprendiendo que puede mejorar socialmente a sus contextos mediatos o inmediatos.
Por lo tanto, cualquier política, legislación o acción que estimula la responsabilidad social de las empresas debe ser comunicada, publicitada e informada correctamente, caso contrario no tendrá el impacto esperado.
Pero ¿por qué la intervención del Estado es decisiva?
Cuando se habla de RSE, la intervención del Estado es clave, ya que aporta el ambiente adecuado y la base necesaria para el desarrollo de organizaciones socialmente comprometidas. El Estado debe incentivar deliberadamente la RSE en ciertos campos específicos. Por lo tanto, el Estado debe tener en cuenta la responsabilidad social empresarial en todos sus niveles al momento de definir una política que pretenda estimular la creación, aprobación e implementación de la RSE.
¿Cómo el Estado debería intervenir?
1) La creación de un ambiente de negocios que propicie la RSE;
2) Políticas específicas que busquen estimular la introducción de práctica social y ambientalmente responsables;
3) Articulación con las empresas privadas para la implementación de algunos proyectos sociales.
La experiencia permite realizar una reflexión sobre las razones que fundamentan la necesidad de una participación activa del Estado a través de políticas públicas específicas que se integren con las empresas en la aplicación efectiva de la responsabilidad social.